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El Gobierno aprobará el martes la subida del salario mínimo para 2027
El incremento del 5,3% elevará la cuantía a 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas y estará acompañado de medidas para evitar que tribute por IRPF.
Publicado: 16 de noviembre de 2026, 16:07
El Consejo de Ministros aprobará este martes, 17 de noviembre, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 hasta los 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, según anunció este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El aumento entrará en vigor el 1 de enero y beneficiará a alrededor de 2,6 millones de personas.
La subida será del 5,3% respecto a los 1.221 euros mensuales actuales: 65 euros más por paga, o 910 euros al año. La cuantía anual pasará de 17.094 a 18.004 euros brutos, con una referencia diaria de 42,87 euros. Para las personas con contrato temporal se establece una remuneración de 60,88 euros por jornada legal y, para las empleadas de hogar, de 10,06 euros por hora.
Díaz aseguró que el aumento llegará íntegro a los trabajadores, sin pagar IRPF, y defendió el SMI como herramienta contra la pobreza laboral. Los perceptores sí pagan su parte de cotización a la Seguridad Social, equivalente al 6,5% de la nómina. La aprobación de la subida irá acompañada de medidas fiscales para que la nueva cuantía no tribute, aunque no se ha detallado la fórmula definitiva. En los últimos años se ha aplicado una deducción que permite recuperar en la declaración de la renta las retenciones efectuadas en las nóminas.
El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha estima que la deducción tendría que subir hasta unos 1.033 euros y calcula que el coste acumulado para las arcas públicas rondaría los 1.100 millones, unos 700 millones más que en 2026. Según los técnicos, si se mantiene la estructura actual para evitar el error de salto, la deducción se reduciría progresivamente para salarios superiores hasta agotarse por encima de 23.172 euros.
La aprobación llegará en plena campaña y doce días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, poco después de que concluya el plazo de alegaciones al proyecto. Trabajo sometió la propuesta de real decreto a consulta pública tras reunirse con patronal y sindicatos. El Gobierno puede fijar el SMI sin pasar por las Cortes.
El incremento supera el 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, pero queda por debajo del 7% reclamado por UGT y CCOO, que valoraron la subida. Díaz pidió que el próximo acuerdo salarial entre patronal y sindicatos recoja también un aumento del 5,3% en la negociación colectiva.
La CEOE reprochó al Gobierno una utilización política de la medida antes de las elecciones y emplazó al Ejecutivo que salga de las urnas a negociar la actualización del SMI a partir de diciembre. La patronal advirtió de que los empresarios no podrían asumir una subida de esta magnitud, especialmente por el aumento de los costes. También criticó que el Gobierno no tenga en cuenta el encarecimiento acumulado de las cotizaciones empresariales y la falta de deflactación de la tarifa del IRPF.
Según los empresarios, ante las subidas del SMI el 45% de las pymes ha reducido márgenes y el 33% ha elevado precios; un 24% ha frenado o congelado contrataciones y un 12% afirma haber realizado despidos. Otro 15% asume directamente el sobrecoste salarial, mientras que un 10% ha mejorado la productividad y un 5% ha reducido las remuneraciones más elevadas.
Desde 2018, cuando era de 735,90 euros brutos mensuales en 14 pagas, el SMI habrá aumentado un 75%. La subida anunciada es la mayor desde el 8% de 2023 y la tercera más elevada en términos relativos entre las aprobadas por este Gobierno desde 2018; la mayor fue la del 22,3% en 2019.
El 5,3% supera la inflación interanual de octubre, del 4,9%, y los incrementos salariales pactados en convenio en 2026, que se sitúan en el 3,1%, o en el 3,6% si se consideran solo los convenios firmados este año. Según Trabajo, la subida incluye una compensación por la diferencia entre el aumento del SMI del 3,1% en 2025 y una inflación media del 3,5%, con el objetivo de recuperar poder adquisitivo.
El proyecto de Trabajo mantenía las reglas de compensación y absorción de pluses, cuya modificación reclamaban los sindicatos para que los complementos no puedan emplearse para cubrir el incremento. Con esas reglas, la remuneración anual, incluidos los pluses, debe ser al menos igual al salario mínimo.
En la misma entrevista, celebrada horas después de retirar su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo, Díaz criticó al PSOE por incluir en su programa electoral el refuerzo del registro horario sin haberlo aprobado durante la legislatura. Le pidió que lleve el decreto al Consejo de Ministros antes de las elecciones y sostuvo que está listo y no necesita aval parlamentario. La medida, que recibió un varapalo del Consejo de Estado, ha generado tensiones entre Trabajo y Economía; el acuerdo anunciado en verano para aprobarla en septiembre no llegó a materializarse.
La vicepresidenta también reprochó a los socialistas que incluyan en su programa una prestación universal por crianza que Sumar había defendido en las negociaciones presupuestarias y que el PSOE había rechazado.
La subida será del 5,3% respecto a los 1.221 euros mensuales actuales: 65 euros más por paga, o 910 euros al año. La cuantía anual pasará de 17.094 a 18.004 euros brutos, con una referencia diaria de 42,87 euros. Para las personas con contrato temporal se establece una remuneración de 60,88 euros por jornada legal y, para las empleadas de hogar, de 10,06 euros por hora.
Díaz aseguró que el aumento llegará íntegro a los trabajadores, sin pagar IRPF, y defendió el SMI como herramienta contra la pobreza laboral. Los perceptores sí pagan su parte de cotización a la Seguridad Social, equivalente al 6,5% de la nómina. La aprobación de la subida irá acompañada de medidas fiscales para que la nueva cuantía no tribute, aunque no se ha detallado la fórmula definitiva. En los últimos años se ha aplicado una deducción que permite recuperar en la declaración de la renta las retenciones efectuadas en las nóminas.
El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha estima que la deducción tendría que subir hasta unos 1.033 euros y calcula que el coste acumulado para las arcas públicas rondaría los 1.100 millones, unos 700 millones más que en 2026. Según los técnicos, si se mantiene la estructura actual para evitar el error de salto, la deducción se reduciría progresivamente para salarios superiores hasta agotarse por encima de 23.172 euros.
La aprobación llegará en plena campaña y doce días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, poco después de que concluya el plazo de alegaciones al proyecto. Trabajo sometió la propuesta de real decreto a consulta pública tras reunirse con patronal y sindicatos. El Gobierno puede fijar el SMI sin pasar por las Cortes.
El incremento supera el 4,9% recomendado por la comisión de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo, pero queda por debajo del 7% reclamado por UGT y CCOO, que valoraron la subida. Díaz pidió que el próximo acuerdo salarial entre patronal y sindicatos recoja también un aumento del 5,3% en la negociación colectiva.
La CEOE reprochó al Gobierno una utilización política de la medida antes de las elecciones y emplazó al Ejecutivo que salga de las urnas a negociar la actualización del SMI a partir de diciembre. La patronal advirtió de que los empresarios no podrían asumir una subida de esta magnitud, especialmente por el aumento de los costes. También criticó que el Gobierno no tenga en cuenta el encarecimiento acumulado de las cotizaciones empresariales y la falta de deflactación de la tarifa del IRPF.
Según los empresarios, ante las subidas del SMI el 45% de las pymes ha reducido márgenes y el 33% ha elevado precios; un 24% ha frenado o congelado contrataciones y un 12% afirma haber realizado despidos. Otro 15% asume directamente el sobrecoste salarial, mientras que un 10% ha mejorado la productividad y un 5% ha reducido las remuneraciones más elevadas.
Desde 2018, cuando era de 735,90 euros brutos mensuales en 14 pagas, el SMI habrá aumentado un 75%. La subida anunciada es la mayor desde el 8% de 2023 y la tercera más elevada en términos relativos entre las aprobadas por este Gobierno desde 2018; la mayor fue la del 22,3% en 2019.
El 5,3% supera la inflación interanual de octubre, del 4,9%, y los incrementos salariales pactados en convenio en 2026, que se sitúan en el 3,1%, o en el 3,6% si se consideran solo los convenios firmados este año. Según Trabajo, la subida incluye una compensación por la diferencia entre el aumento del SMI del 3,1% en 2025 y una inflación media del 3,5%, con el objetivo de recuperar poder adquisitivo.
El proyecto de Trabajo mantenía las reglas de compensación y absorción de pluses, cuya modificación reclamaban los sindicatos para que los complementos no puedan emplearse para cubrir el incremento. Con esas reglas, la remuneración anual, incluidos los pluses, debe ser al menos igual al salario mínimo.
En la misma entrevista, celebrada horas después de retirar su candidatura para dirigir la Organización Internacional del Trabajo, Díaz criticó al PSOE por incluir en su programa electoral el refuerzo del registro horario sin haberlo aprobado durante la legislatura. Le pidió que lleve el decreto al Consejo de Ministros antes de las elecciones y sostuvo que está listo y no necesita aval parlamentario. La medida, que recibió un varapalo del Consejo de Estado, ha generado tensiones entre Trabajo y Economía; el acuerdo anunciado en verano para aprobarla en septiembre no llegó a materializarse.
La vicepresidenta también reprochó a los socialistas que incluyan en su programa una prestación universal por crianza que Sumar había defendido en las negociaciones presupuestarias y que el PSOE había rechazado.
Cómo ha evolucionado esta historia
2 capítulos, del más antiguo al más reciente.
- Trabajo propone subir el salario mínimo un 5,3% en 2027
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- · 11 días después
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