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El Gobierno pedirá a Madrid retirar las instrucciones de neutralidad docente

Sánchez compara el formulario previsto para comunicar incidencias con la censura franquista y Ayuso acusa al presidente de impulsar la huelga educativa

Publicado: 22 de noviembre de 2026, 15:46

El Gobierno enviará un requerimiento a la Comunidad de Madrid para que revoque las instrucciones que exigen neutralidad al profesorado de los centros públicos no universitarios durante la huelga educativa, iniciada el 14 de octubre. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció la medida este domingo y sostuvo que las directrices atentan contra uno de los derechos más importantes del profesorado.

En un mensaje en X, Sánchez comparó el formulario madrileño para comunicar incidencias relativas a la neutralidad con uno de denuncia de la dictadura franquista. Acompañó su publicación con imágenes de ambos documentos: el histórico censuraba el comportamiento de Antonio Benaiges, maestro republicano y comunista, en Bañuelos de Bureba, Burgos. El presidente afirmó que la Comunidad pretende hacer lo mismo y dijo: «Es la represión volviendo a nuestras vidas».

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, calificó el anuncio de Sánchez de amenaza a la comunidad. En un mitin del PP en Alcalá de Henares, lo acusó de alentar la huelga y de utilizar ideológicamente a los alumnos. También sostuvo que, según la legislación educativa estatal, no se pueden utilizar ideológicamente las aulas para un fin político y afirmó que la huelga es política y se prolonga por culpa del presidente.

Ayuso atribuyó además la actuación de Sánchez a una supuesta venganza contra la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo. Según la presidenta regional, la consejera está en el punto de mira de Moncloa desde que, como diputada del PP, interrogó a Begoña Gómez en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre su cátedra universitaria.

Las dos instrucciones fueron enviadas el jueves a los centros y están firmadas por el viceconsejero de Política y Organización Educativa, José Carlos Fernández Borreguero. Defienden la neutralidad del centro público y limitan el uso de las aulas, las plataformas oficiales de comunicación y las fachadas para promover la huelga.

Entre otras medidas, prohíben transmitir al alumnado opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que las comparta, así como utilizar clases, tutorías, exámenes o actividades complementarias para obtener su apoyo en un conflicto. También impiden animar a los estudiantes a participar en huelgas, manifestaciones o recogidas de firmas y hacer comentarios o señalar ante alumnos o familias a compañeros que secunden los paros o decidan trabajar.

El formulario anexo recoge posibles incidencias, como la colocación de pancartas y carteles en espacios de los alumnos por parte de los centros, la presencia de materiales de propaganda o de personas ajenas a la plantilla en horario lectivo para tratar el conflicto. Las instrucciones incluyen asimismo un apartado sobre elementos colocados por terceros o en espacios de titularidad municipal. El comité de huelga ha confirmado que comenzaron a aplicarse el viernes, aunque en algunos centros se habían retirado antes carteles o pancartas tras el anuncio de las medidas el 11 de noviembre.

Los sindicatos del comité de huelga consideran las directrices un ataque al derecho de huelga y acusan al Gobierno regional de hostigar al profesorado. Han anunciado que las impugnarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y solicitarán medidas cautelarísimas para su suspensión inmediata. El comité sostiene que se están utilizando disposiciones sin rango normativo para modificar la legislación educativa vigente.

Por su parte, 165 asociaciones de madres y padres de otros tantos centros madrileños se adhirieron en 24 horas a un manifiesto de rechazo. El texto expresa preocupación por que, bajo el argumento de la neutralidad, se limite la libertad de expresión o se silencien reivindicaciones legítimas del profesorado. Los directores de Secundaria también han solicitado la retirada de las instrucciones, mientras que ayuntamientos como los de Getafe y Alcorcón han anunciado que no permitirán su aplicación en el ámbito de sus competencias.

El viernes, más de medio millar de profesores se concentraron ante la Consejería de Educación para denunciar lo que consideran una medida represiva y un examen de obediencia.

Entre los antecedentes, el Tribunal Constitucional anuló en 2018 una sanción de un mes de empleo y sueldo impuesta en Castilla-La Mancha a un profesor de Primaria que había explicado en clase por qué secundaría una huelga. La sentencia señaló que reflejar su posición favorable al paro no demostraba por sí solo un afán de adoctrinamiento ni un propósito de influir tendenciosamente en el alumnado.

En la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Pérez Llorca incorporó en agosto a las funciones de la Inspección educativa la supervisión de que las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos al adoctrinamiento. Esa comunidad dispone también de canales para comunicar posibles incumplimientos.

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