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El sindicato Alferro denuncia a Óscar Puente por supuesta revelación de secretos
La denuncia ante la Fiscalía se relaciona con las grabaciones del accidente de Urda.
Publicado: 3 de noviembre de 2026, 15:45
El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha presentado una denuncia este martes ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por la presunta revelación de información reservada en el contexto del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo, el pasado 28 de octubre, que resultó en la muerte de 69 personas y más de 200 heridos.
La denuncia alega que las declaraciones de Puente, en las que afirmó haber escuchado grabaciones de las comunicaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas, podrían constituir un delito de revelación de secretos y de actuaciones procesales declaradas secretas. A juicio del sindicato, estas revelaciones comprometen la confidencialidad de las investigaciones en curso y podrían alterar el curso de la investigación judicial sobre el siniestro.
Según el contenido de las declaraciones del ministro, realizado en su primera comparecencia pública tras el accidente, Puente hizo referencia a decisiones “erróneas” y a órdenes que calificó de “inexplicables”, lo que generó preocupación entre los sindicatos sobre el tratamiento de la información relacionada con el accidente. Horas después de sus declaraciones, fragmentos de las grabaciones comenzaron a circular en varios medios de comunicación, lo que generó un escrutinio considerable sobre la gestión del accidente.
La denuncia elaborada por Alferro se registra en un contexto de creciente presión por parte de los sindicatos ferroviarios. Junto a la denuncia presentada ante la Fiscalía, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCR) ha interpuesto también acciones legales en el juzgado de Orgaz para investigar el origen y la difusión de estos audios. Varios líderes sindicales han subrayado que la difusión de las comunicaciones es “inaceptable” y contraproducente para la investigación, sugiriendo que tal tratamiento puede llevar a juicios precipitados y exponer de forma injusta a los trabajadores implicados.
El hecho de que las grabaciones contengan instrucciones dadas a los maquinistas, entre ellas la autorización para reanudar la circulación a pesar de fallos en el sistema de seguridad, ha suscitado interrogantes sobre el manejo de la investigación y los protocolos de seguridad ferroviaria en España. La denuncia de Alferro recalca la necesidad de que la investigación no se limite a señalar la responsabilidad de los trabajadores en el accidente, sino que también aborde las causas técnicas y organizativas bajo las que se llevaron a cabo las operaciones en el día del siniestro.
En medio de estas denuncias, otros sindicatos, como UGT y Semaf, también han manifestado su preocupación por las filtraciones y han exclamado la necesidad de garantizar que la investigación subyacente transcurra sin presión externa y aborde todos los factores relevantes, no solo los errores operativos. Estas organizaciones planean emprender movilizaciones y huelgas si no se toman medidas adecuadas para mejorar la seguridad en el sector ferroviario.
La presentación de esta denuncia no implica que se haya cometido una infracción penal, pero sí que requiere de un escrutinio por parte de la Fiscalía para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen una investigación.
La denuncia alega que las declaraciones de Puente, en las que afirmó haber escuchado grabaciones de las comunicaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas, podrían constituir un delito de revelación de secretos y de actuaciones procesales declaradas secretas. A juicio del sindicato, estas revelaciones comprometen la confidencialidad de las investigaciones en curso y podrían alterar el curso de la investigación judicial sobre el siniestro.
Según el contenido de las declaraciones del ministro, realizado en su primera comparecencia pública tras el accidente, Puente hizo referencia a decisiones “erróneas” y a órdenes que calificó de “inexplicables”, lo que generó preocupación entre los sindicatos sobre el tratamiento de la información relacionada con el accidente. Horas después de sus declaraciones, fragmentos de las grabaciones comenzaron a circular en varios medios de comunicación, lo que generó un escrutinio considerable sobre la gestión del accidente.
La denuncia elaborada por Alferro se registra en un contexto de creciente presión por parte de los sindicatos ferroviarios. Junto a la denuncia presentada ante la Fiscalía, el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCR) ha interpuesto también acciones legales en el juzgado de Orgaz para investigar el origen y la difusión de estos audios. Varios líderes sindicales han subrayado que la difusión de las comunicaciones es “inaceptable” y contraproducente para la investigación, sugiriendo que tal tratamiento puede llevar a juicios precipitados y exponer de forma injusta a los trabajadores implicados.
El hecho de que las grabaciones contengan instrucciones dadas a los maquinistas, entre ellas la autorización para reanudar la circulación a pesar de fallos en el sistema de seguridad, ha suscitado interrogantes sobre el manejo de la investigación y los protocolos de seguridad ferroviaria en España. La denuncia de Alferro recalca la necesidad de que la investigación no se limite a señalar la responsabilidad de los trabajadores en el accidente, sino que también aborde las causas técnicas y organizativas bajo las que se llevaron a cabo las operaciones en el día del siniestro.
En medio de estas denuncias, otros sindicatos, como UGT y Semaf, también han manifestado su preocupación por las filtraciones y han exclamado la necesidad de garantizar que la investigación subyacente transcurra sin presión externa y aborde todos los factores relevantes, no solo los errores operativos. Estas organizaciones planean emprender movilizaciones y huelgas si no se toman medidas adecuadas para mejorar la seguridad en el sector ferroviario.
La presentación de esta denuncia no implica que se haya cometido una infracción penal, pero sí que requiere de un escrutinio por parte de la Fiscalía para determinar si existen indicios suficientes que justifiquen una investigación.
Cómo ha evolucionado esta historia
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