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El Supremo confirma que los hijos de nacionalizados podrán votar el 29N
La decisión afecta a unas 190.000 personas cuyos padres obtuvieron la nacionalidad mediante la ley de nietos.
Publicado: 18 de noviembre de 2026, 16:30
El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles que los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la conocida como ley de nietos podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado por mayoría el recurso de reposición de Vox contra su decisión del 9 de noviembre de no suspender cautelarmente el sufragio de este colectivo.
La resolución afecta a alrededor de 190.000 personas. Sus progenitores, en cambio, tienen suspendido cautelarmente el derecho al voto salvo que hayan acreditado ser descendientes de exiliados. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y la Oficina del Censo Electoral remitido al Supremo por la Abogacía del Estado, la medida afecta finalmente a 113.326 de los 163.355 nacionalizados por la ley de nietos.
El tribunal sostiene que el proceso electoral está demasiado avanzado para iniciar una nueva revisión del censo que concluya antes de la votación y garantice a los afectados la posibilidad de ser escuchados y recibir respuesta a sus alegaciones. Considera, además, que el censo debe cerrarse con antelación suficiente para preparar las listas de las mesas y entregarlas a las candidaturas que las soliciten.
La Sala explica que habría que identificar a quienes adquirieron la nacionalidad por ser hijos mayores de edad de las 113.326 personas cuya inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está suspendida. Para ello, los consulados tendrían que revisar los expedientes uno por uno, al tiempo que realizan las demás operaciones electorales, y distinguirlos de los descendientes de quienes conservan el derecho al voto.
El Supremo recuerda que transcurrió un mes desde que emplazó a los afectados por la primera suspensión a presentar alegaciones, el 12 de octubre, hasta que pudo resolverlas, el 9 de noviembre. La suspensión inicial se acordó el 10 de septiembre y se ratificó el 12 de octubre, antes de que comenzara el periodo electoral. La Sala admite que su respuesta a la petición sobre los hijos podría haber sido distinta si se hubiera planteado al inicio de la pieza cautelar.
Vox había defendido la suspensión por una grave perturbación del interés general y la necesidad de contar con un censo cierto y depurado. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y asociaciones de afectados se opusieron a la medida, que también había solicitado Iustitia Europa. Queda pendiente de resolución el recurso de Iustitia Europa.
El auto incluye el voto discrepante del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que considera que las inscripciones de los hijos están viciadas al derivar de las de sus progenitores y que la comprobación podría realizarse con los medios informáticos existentes. La magistrada Alicia Millán formula un voto concurrente: comparte la decisión, pero considera que las nuevas medidas solicitadas no guardan conexión con el objeto del proceso.
La resolución afecta a alrededor de 190.000 personas. Sus progenitores, en cambio, tienen suspendido cautelarmente el derecho al voto salvo que hayan acreditado ser descendientes de exiliados. Según el informe del Instituto Nacional de Estadística y la Oficina del Censo Electoral remitido al Supremo por la Abogacía del Estado, la medida afecta finalmente a 113.326 de los 163.355 nacionalizados por la ley de nietos.
El tribunal sostiene que el proceso electoral está demasiado avanzado para iniciar una nueva revisión del censo que concluya antes de la votación y garantice a los afectados la posibilidad de ser escuchados y recibir respuesta a sus alegaciones. Considera, además, que el censo debe cerrarse con antelación suficiente para preparar las listas de las mesas y entregarlas a las candidaturas que las soliciten.
La Sala explica que habría que identificar a quienes adquirieron la nacionalidad por ser hijos mayores de edad de las 113.326 personas cuya inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) está suspendida. Para ello, los consulados tendrían que revisar los expedientes uno por uno, al tiempo que realizan las demás operaciones electorales, y distinguirlos de los descendientes de quienes conservan el derecho al voto.
El Supremo recuerda que transcurrió un mes desde que emplazó a los afectados por la primera suspensión a presentar alegaciones, el 12 de octubre, hasta que pudo resolverlas, el 9 de noviembre. La suspensión inicial se acordó el 10 de septiembre y se ratificó el 12 de octubre, antes de que comenzara el periodo electoral. La Sala admite que su respuesta a la petición sobre los hijos podría haber sido distinta si se hubiera planteado al inicio de la pieza cautelar.
Vox había defendido la suspensión por una grave perturbación del interés general y la necesidad de contar con un censo cierto y depurado. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y asociaciones de afectados se opusieron a la medida, que también había solicitado Iustitia Europa. Queda pendiente de resolución el recurso de Iustitia Europa.
El auto incluye el voto discrepante del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que considera que las inscripciones de los hijos están viciadas al derivar de las de sus progenitores y que la comprobación podría realizarse con los medios informáticos existentes. La magistrada Alicia Millán formula un voto concurrente: comparte la decisión, pero considera que las nuevas medidas solicitadas no guardan conexión con el objeto del proceso.
Cómo ha evolucionado esta historia
4 capítulos, del más antiguo al más reciente.
- El Gobierno se opone a suspender el voto a hijos de nacionalizados por la ley de nietos
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- · 8 días despuésEl INE cifra en 113.326 los afectados por la suspensión del voto
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