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La Fiscalía paraguaya abre una bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña
El expresidente indicó dónde estaba la llave del recinto, que se encontraba vacío, durante una investigación vinculada al colapso de Ueno Bank.
Publicado: 11 de noviembre de 2026, 15:50
La Fiscalía y la Policía de Paraguay abrieron este martes una bóveda oculta en la residencia de verano del destituido presidente Santiago Peña, en San Bernardino. El recinto estaba vacío y, según la defensa del exmandatario, había sido concebido como una habitación de pánico para proteger a sus ocupantes ante una emergencia.
Los investigadores descubrieron el compartimento durante un allanamiento realizado el domingo en la propiedad, situada en el departamento de Cordillera, a unos 50 kilómetros de Asunción. Estaba escondido detrás de una pared falsa y tenía dos puertas: los agentes lograron superar la primera, pero la segunda, blindada y dotada de un sistema de seguridad complejo, permaneció cerrada.
El mecanismo combinaba reconocimiento facial o del iris, huellas dactilares, códigos y llaves especiales. La Fiscalía estudió recurrir a una detonación controlada o pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, y otros familiares. La opción de usar explosivos generó preocupación por los posibles daños a la estructura y al contenido, pues la bóveda se encontraba bajo una piscina y la casa estaba construida en un terreno elevado.
La fiscala Silvia González explicó que finalmente Peña, a través de su abogado, indicó dónde estaba la llave de seguridad. Mientras se preparaba la nueva intervención, la residencia había permanecido bajo custodia. Durante las actuaciones se incautaron computadoras que serán examinadas en la investigación.
La propiedad fue transferida a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), cuya titular, Teresa Rojas de Jara, estuvo presente en el operativo. Los militares que vigilaban la residencia dejaron de hacerlo y el inmueble quedó bajo responsabilidad de ese organismo.
La Fiscalía investiga los vínculos de Peña con Ueno Bank y si utilizó su posición institucional para favorecer a la entidad, intervenida el 3 de noviembre tras detectarse problemas de solvencia. La crisis dejó a unos tres millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos. El expresidente, que fue accionista indirecto del banco hasta 2025, está imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio y permanece en prisión preventiva.
La financiación de la casa forma parte de las pesquisas. Su construcción, iniciada poco después de que Peña asumiera la presidencia y prolongada durante 23 meses, se valoró en unos 7.700 millones de guaraníes, más de un millón de euros. El 13 de mayo de 2024 recibió dos créditos simultáneos de Ueno Bank por un total de 3.548 millones de guaraníes para financiar la residencia. Las cuotas mensuales ascendían a unos 239 millones de guaraníes, aproximadamente seis veces su remuneración presidencial de entonces, calculada en 37,9 millones.
La vivienda ya había sido objeto de escrutinio de la prensa y la oposición en 2025. Peña sostuvo entonces que él y su esposa habían trabajado toda su vida y podían permitírsela. Ese año, parlamentarios opositores denunciaron ante la Justicia un presunto incremento de más del 1.600 % en su patrimonio en seis años. La Fiscalía paralizó la denuncia y la reactivó la semana pasada, tras estallar el escándalo bancario, lo que llevó a la oposición a cuestionar la actuación del fiscal general, Emiliano Rolón.
El senador opositor Rafael Filizzola pidió la dimisión de Rolón y de los contralores Camilo Benítez y Armindo Torres. También acusó a Peña de liderar una organización destinada a defraudar al Estado.
Durante los primeros momentos de la crisis bancaria se captaron imágenes de varios vehículos que salían de la mansión cargados con objetos. La Fiscalía no ha confirmado si analiza esas grabaciones ni si tiene indicios de que se retiraran bienes antes de la detención de Peña. El lunes fue arrestada Andrea Benítez, funcionaria de Ueno Casa de Bolsa, a quien encontraron destruyendo documentación.
Las pesquisas se extienden al Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. Ueno Bank pasó de ser una casa de préstamos a convertirse en uno de los bancos con mayor captación de dinero público y del Instituto de Previsión Social. La cifra había llegado a unos 855 millones de dólares y se desconoce el destino de gran parte de esos fondos. Ueno Casa de Bolsa fue suspendida recientemente por el Banco Central.
El lunes, los investigadores registraron durante casi cinco horas otra residencia de Peña en Asunción, de donde retiraron documentos, teléfonos móviles, computadoras y grabaciones de cámaras de vigilancia. También realizaron diligencias en una sede bancaria y en la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central y antiguo integrante del directorio de Ueno Bank.
La Fiscalía busca además posibles bienes de Peña y otros 26 investigados fuera de Paraguay. Manuel Doldán, jefe de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, indicó que su departamento mantiene contactos con autoridades de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para rastrear propiedades y activos.
En medio de la crisis, el presidente interino Pedro Alliana renovó la cúpula militar: nombró al general Manuel Rodríguez Sosa comandante interino de las Fuerzas Militares en sustitución del general César Moreno Landaira. También designó al abogado Samuel Tadeo Rojas Caballero como procurador general de la República.
Los investigadores descubrieron el compartimento durante un allanamiento realizado el domingo en la propiedad, situada en el departamento de Cordillera, a unos 50 kilómetros de Asunción. Estaba escondido detrás de una pared falsa y tenía dos puertas: los agentes lograron superar la primera, pero la segunda, blindada y dotada de un sistema de seguridad complejo, permaneció cerrada.
El mecanismo combinaba reconocimiento facial o del iris, huellas dactilares, códigos y llaves especiales. La Fiscalía estudió recurrir a una detonación controlada o pedir la colaboración de la esposa de Peña, Leticia Ocampos, y otros familiares. La opción de usar explosivos generó preocupación por los posibles daños a la estructura y al contenido, pues la bóveda se encontraba bajo una piscina y la casa estaba construida en un terreno elevado.
La fiscala Silvia González explicó que finalmente Peña, a través de su abogado, indicó dónde estaba la llave de seguridad. Mientras se preparaba la nueva intervención, la residencia había permanecido bajo custodia. Durante las actuaciones se incautaron computadoras que serán examinadas en la investigación.
La propiedad fue transferida a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), cuya titular, Teresa Rojas de Jara, estuvo presente en el operativo. Los militares que vigilaban la residencia dejaron de hacerlo y el inmueble quedó bajo responsabilidad de ese organismo.
La Fiscalía investiga los vínculos de Peña con Ueno Bank y si utilizó su posición institucional para favorecer a la entidad, intervenida el 3 de noviembre tras detectarse problemas de solvencia. La crisis dejó a unos tres millones de clientes con dificultades para acceder a sus depósitos. El expresidente, que fue accionista indirecto del banco hasta 2025, está imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio y permanece en prisión preventiva.
La financiación de la casa forma parte de las pesquisas. Su construcción, iniciada poco después de que Peña asumiera la presidencia y prolongada durante 23 meses, se valoró en unos 7.700 millones de guaraníes, más de un millón de euros. El 13 de mayo de 2024 recibió dos créditos simultáneos de Ueno Bank por un total de 3.548 millones de guaraníes para financiar la residencia. Las cuotas mensuales ascendían a unos 239 millones de guaraníes, aproximadamente seis veces su remuneración presidencial de entonces, calculada en 37,9 millones.
La vivienda ya había sido objeto de escrutinio de la prensa y la oposición en 2025. Peña sostuvo entonces que él y su esposa habían trabajado toda su vida y podían permitírsela. Ese año, parlamentarios opositores denunciaron ante la Justicia un presunto incremento de más del 1.600 % en su patrimonio en seis años. La Fiscalía paralizó la denuncia y la reactivó la semana pasada, tras estallar el escándalo bancario, lo que llevó a la oposición a cuestionar la actuación del fiscal general, Emiliano Rolón.
El senador opositor Rafael Filizzola pidió la dimisión de Rolón y de los contralores Camilo Benítez y Armindo Torres. También acusó a Peña de liderar una organización destinada a defraudar al Estado.
Durante los primeros momentos de la crisis bancaria se captaron imágenes de varios vehículos que salían de la mansión cargados con objetos. La Fiscalía no ha confirmado si analiza esas grabaciones ni si tiene indicios de que se retiraran bienes antes de la detención de Peña. El lunes fue arrestada Andrea Benítez, funcionaria de Ueno Casa de Bolsa, a quien encontraron destruyendo documentación.
Las pesquisas se extienden al Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. Ueno Bank pasó de ser una casa de préstamos a convertirse en uno de los bancos con mayor captación de dinero público y del Instituto de Previsión Social. La cifra había llegado a unos 855 millones de dólares y se desconoce el destino de gran parte de esos fondos. Ueno Casa de Bolsa fue suspendida recientemente por el Banco Central.
El lunes, los investigadores registraron durante casi cinco horas otra residencia de Peña en Asunción, de donde retiraron documentos, teléfonos móviles, computadoras y grabaciones de cámaras de vigilancia. También realizaron diligencias en una sede bancaria y en la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central y antiguo integrante del directorio de Ueno Bank.
La Fiscalía busca además posibles bienes de Peña y otros 26 investigados fuera de Paraguay. Manuel Doldán, jefe de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, indicó que su departamento mantiene contactos con autoridades de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para rastrear propiedades y activos.
En medio de la crisis, el presidente interino Pedro Alliana renovó la cúpula militar: nombró al general Manuel Rodríguez Sosa comandante interino de las Fuerzas Militares en sustitución del general César Moreno Landaira. También designó al abogado Samuel Tadeo Rojas Caballero como procurador general de la República.
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