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El Supremo mantiene la suspensión del voto a nacionalizados por la ley de nietos
La medida afecta a 163.355 personas, salvo las que hayan aportado o aporten antes de la votación un certificado consular de exilio.
Publicado: 20 de noviembre de 2026, 16:06
El Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral que garanticen que las 163.355 personas afectadas por la suspensión cautelar del voto de nacionalizados por la conocida como ley de nietos no figuren como electores en las generales del 29 de noviembre, tanto si residen en España como en el extranjero.
La providencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo exceptúa a las 901 personas que ya presentaron un certificado consular que acredita el exilio de sus antecesores y a quienes aporten esa certificación antes del día de la votación, en los términos acordados por el tribunal.
Los magistrados exigen a la JEC y a la Oficina del Censo que cumplan sus resoluciones del 10 de septiembre y del 12 y 23 de octubre. La suspensión cautelar fue solicitada por Iustitia Europa y Vox y afecta a personas nacionalizadas al amparo de una disposición de la Ley de Memoria Democrática y de una instrucción del Ministerio de Justicia que presume la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.
El Supremo había rechazado extender la suspensión a los hijos de esos nacionalizados. Consideró que los recurrentes lo habían pedido cuando el periodo electoral estaba muy avanzado y que ampliar la medida afectaría a los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
La nueva resolución llega después de que las partes presentaran alegaciones sobre un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta semana, la Abogacía del Estado comunicó en nombre del organismo que, aunque al cierre del censo el 1 de agosto había 163.355 afectados, las comprobaciones realizadas reducían la cifra a 113.326.
El tribunal considera de difícil comprensión, como había señalado el Ministerio Fiscal, los informes sobre el cumplimiento de sus medidas remitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral. La Fiscalía entendía que los afectados habían quedado fuera de las listas para votar en consulados y que tampoco podrían votar presencialmente en urna ni ser objeto de escrutinio. Consideraba que esa situación respetaba lo acordado por la Sala, aunque con reservas.
Vox había pedido que la suspensión alcanzara a todos los nacionalizados por esa vía que no dispusieran del certificado consular de exilio, con independencia del censo en el que estuvieran inscritos, y reclamaba medidas inmediatas para los residentes en España. En sentido contrario, un grupo de 42 afectados sostenía que el informe de la Oficina del Censo no acreditaba por sí solo la irregularidad de los 113.326 electores y solicitaba levantar la medida. La asociación Extranjeristas en Red pedía un informe complementario del INE.
El Supremo inadmite las demás peticiones por improcedentes: algunas se referían a recursos contra sus autos anteriores que ya resolvió el 18 de noviembre, mientras que otras solicitaban información o medidas que corresponden a la JEC.
Alegaciones sobre MiDNI
En otra providencia, la Sala ha dado a las partes dos días, hasta el lunes 23 de noviembre a las 15.00 horas, para alegar sobre los certificados aportados por la directora general de Política Interior acerca de la seguridad de los dispositivos previstos para verificar la identidad de los votantes mediante la aplicación MiDNI. Para ello, ha habilitado el sábado y el domingo.
El trámite se refiere a la petición de medidas cautelares presentada por Iustitia Europa contra el acuerdo de la JEC sobre la identificación mediante DNI digital. La junta había dejado sin efecto la suspensión de su uso después de que Interior asegurara que los dispositivos permitirían verificarlo con las garantías necesarias mediante la lectura de un código QR.
El Supremo ha pedido a las partes que mantengan la reserva sobre los certificados, ya que algunos contienen datos sensibles sobre los controles de seguridad y los sistemas de verificación. Esa información solo podrá utilizarse para defender sus derechos e intereses dentro del procedimiento.
En la misma resolución, el tribunal pide al PP, que comunicó su intención de personarse tras ser emplazado por la JEC, que aclare en qué condición quiere hacerlo, puesto que únicamente puede actuar como codemandado.
La providencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo exceptúa a las 901 personas que ya presentaron un certificado consular que acredita el exilio de sus antecesores y a quienes aporten esa certificación antes del día de la votación, en los términos acordados por el tribunal.
Los magistrados exigen a la JEC y a la Oficina del Censo que cumplan sus resoluciones del 10 de septiembre y del 12 y 23 de octubre. La suspensión cautelar fue solicitada por Iustitia Europa y Vox y afecta a personas nacionalizadas al amparo de una disposición de la Ley de Memoria Democrática y de una instrucción del Ministerio de Justicia que presume la condición de exiliados de los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955.
El Supremo había rechazado extender la suspensión a los hijos de esos nacionalizados. Consideró que los recurrentes lo habían pedido cuando el periodo electoral estaba muy avanzado y que ampliar la medida afectaría a los principios de seguridad jurídica y estabilidad electoral.
La nueva resolución llega después de que las partes presentaran alegaciones sobre un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta semana, la Abogacía del Estado comunicó en nombre del organismo que, aunque al cierre del censo el 1 de agosto había 163.355 afectados, las comprobaciones realizadas reducían la cifra a 113.326.
El tribunal considera de difícil comprensión, como había señalado el Ministerio Fiscal, los informes sobre el cumplimiento de sus medidas remitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral. La Fiscalía entendía que los afectados habían quedado fuera de las listas para votar en consulados y que tampoco podrían votar presencialmente en urna ni ser objeto de escrutinio. Consideraba que esa situación respetaba lo acordado por la Sala, aunque con reservas.
Vox había pedido que la suspensión alcanzara a todos los nacionalizados por esa vía que no dispusieran del certificado consular de exilio, con independencia del censo en el que estuvieran inscritos, y reclamaba medidas inmediatas para los residentes en España. En sentido contrario, un grupo de 42 afectados sostenía que el informe de la Oficina del Censo no acreditaba por sí solo la irregularidad de los 113.326 electores y solicitaba levantar la medida. La asociación Extranjeristas en Red pedía un informe complementario del INE.
El Supremo inadmite las demás peticiones por improcedentes: algunas se referían a recursos contra sus autos anteriores que ya resolvió el 18 de noviembre, mientras que otras solicitaban información o medidas que corresponden a la JEC.
Alegaciones sobre MiDNI
En otra providencia, la Sala ha dado a las partes dos días, hasta el lunes 23 de noviembre a las 15.00 horas, para alegar sobre los certificados aportados por la directora general de Política Interior acerca de la seguridad de los dispositivos previstos para verificar la identidad de los votantes mediante la aplicación MiDNI. Para ello, ha habilitado el sábado y el domingo.
El trámite se refiere a la petición de medidas cautelares presentada por Iustitia Europa contra el acuerdo de la JEC sobre la identificación mediante DNI digital. La junta había dejado sin efecto la suspensión de su uso después de que Interior asegurara que los dispositivos permitirían verificarlo con las garantías necesarias mediante la lectura de un código QR.
El Supremo ha pedido a las partes que mantengan la reserva sobre los certificados, ya que algunos contienen datos sensibles sobre los controles de seguridad y los sistemas de verificación. Esa información solo podrá utilizarse para defender sus derechos e intereses dentro del procedimiento.
En la misma resolución, el tribunal pide al PP, que comunicó su intención de personarse tras ser emplazado por la JEC, que aclare en qué condición quiere hacerlo, puesto que únicamente puede actuar como codemandado.
Cómo ha evolucionado esta historia
5 capítulos, del más antiguo al más reciente.
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