La UCO pide al Tribunal de Cuentas más documentación sobre donaciones al PSOE

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves a la sede del Tribunal de Cuentas, en Madrid, para solicitar más documentación sobre las donaciones recibidas por el PSOE. Los agentes actúan por orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga la posible financiación irregular del partido en una pieza separada y secreta del caso Koldo.

Según fuentes próximas a la investigación, la petición responde a discordancias detectadas al cotejar la información que ya había entregado el órgano fiscalizador con la documentación de la que disponían los investigadores, incluida la aportada por el partido. La diligencia se ha realizado en presencia de una letrada de la Administración de Justicia.

El Tribunal de Cuentas ya había remitido en septiembre información sobre donaciones fiscalizadas. La nueva solicitud abarca aportaciones recibidas desde 2017 y, en particular, documentación completa relativa a ese año, cuando Pedro Sánchez recuperó el liderazgo del PSOE en unas primarias. El organismo ha señalado que facilita a los órganos judiciales la información que le requieren sobre sus trabajos de fiscalización, dentro de sus competencias.

Entre los aspectos que se investigan figura la financiación de aquellas primarias, en las que Sánchez se impuso a Susana Díaz y Patxi López. El Tribunal de Cuentas fiscalizó el proceso a petición de la gestora socialista. También se ha pedido investigar la asociación Bancal de Rosas, ya extinta, impulsada por Francisco Martín y personas próximas a Sánchez para sufragar la campaña.

La campaña de micromecenazgo de la asociación reunió 128.908 euros de donantes cuya identidad no ha trascendido. La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chiclano, afirmó en la comisión del caso Koldo del Senado que el importe total canalizado ascendió a 560.915 euros. El tribunal también advirtió de la necesidad de regular estas campañas, al no estar debidamente recogidas en la ley de financiación de partidos de 2007.

En su comparecencia en el Senado, Martín no aclaró la identidad de los donantes ni si Sabiniano Gómez, suegro de Sánchez, aportó fondos. Sánchez dijo que no tenía información al respecto. Por su parte, Koldo García afirmó en una entrevista que había oído a Sánchez y a Paco Salazar comentar que el padre de Begoña Gómez aportaría 100.000 euros, y sostuvo que se utilizaron simpatizantes para ingresar cantidades fraccionadas.

La investigación también examina muchas de las donaciones canalizadas a través de fundaciones fantasma, que no están sometidas a las mismas limitaciones que las personas físicas ni a la prohibición de realizar donaciones a través de personas jurídicas.

La pieza sobre la financiación y los pagos en efectivo nació de las sospechas trasladadas por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Puente planteó la hipótesis tras constatar escasos controles en los reintegros de gastos que el PSOE abonaba mayoritariamente en efectivo hasta 2020. Entre otros aspectos, señaló que el partido no comprobaba si los gastos reembolsados se habían pagado inicialmente en metálico o con tarjeta.

La hipótesis remitida a la Audiencia Nacional es que Ábalos y García pudieron pagar comidas, transportes u hospedajes con dinero procedente de presuntas comisiones de empresarios con intereses en el Ministerio de Transportes y blanquearlo después mediante los reembolsos del partido. La Fiscalía Anticorrupción también apuntó a un posible delito de desfalco contra la formación.

Un informe de la UCO recogía fotografías de sobres con efectivo y mensajes del teléfono de García sobre el reparto del dinero, tarea que, según esa documentación, llegó a delegar en su hermano y su entonces mujer. Ante el Supremo, el exgerente socialista Mariano Moreno Pavón explicó que los sobres eran para empleados de la Secretaría de Organización y que los pagos se apoyaban en facturas entregadas por García, aunque no aclaró si se verificaban.

El juez Moreno pidió al PSOE los justificantes de todos los pagos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 a cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios, sin excluir a Pedro Sánchez, quien reconoció haber recibido reembolsos en metálico. El partido entregó la documentación a la Audiencia Nacional en diciembre de 2025, después de haber aportado datos al Supremo, y pidió el secreto para evitar filtraciones. El instructor accedió a esa petición.

La documentación aportada al Supremo incluía 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa. En los datos facilitados por el partido constaba la retirada de un millón de euros de sus cuentas para pagos de caja entre 2017 y 2024, así como algunos pagos a Santos Cerdán superiores al límite legal de 1.000 euros para operaciones en efectivo.

En la información remitida desde el Supremo figuraban también las declaraciones de la empleada del PSOE Celia Rodríguez y de la empresaria Carmen Pano, quien sostiene que llevó 90.000 euros en efectivo a la sede socialista. En esta pieza, Víctor de Aldama entregó además un sobre con el sello de la petrolera estatal venezolana PDVSA que, según él, probaría una financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

La portavoz del PP en el Congreso, Muñoz, reclamó explicaciones al PSOE tras la reunión de la Diputación Permanente y vinculó la actuación de la UCO con lo que calificó de corrupción sistémica.

En una investigación distinta, la UCO también ha requerido este jueves información al Tribunal de Cuentas para la Fiscalía Europea por un posible fraude con fondos de la UE relacionado con la compra de pulseras de control de maltratadores. La Fiscalía Europea comunicó que las diligencias se desarrollan en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas. Este órgano había detectado «graves deficiencias» en un contrato vigente entre 2023 y 2026.

Por otra parte, Moreno ha levantado el secreto de una pieza abierta la semana pasada sobre presuntos contratos amañados y ha acordado incorporarla a la investigación por supuestas comisiones en obra pública. En aquella operación se registraron, entre otros lugares, una vivienda de Ábalos y la sede del Grupo Azvi en Sevilla. Los seis detenidos, entre ellos la pareja del exministro, quedaron en libertad.